Se da luz verde al proyecto que blinda a quienes denuncian corrupción
En la recta final del periodo legislativo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio el visto bueno en su primera ronda a un proyecto de ley que implementa medidas de protección para quienes se atreven a denunciar presuntos actos de corrupción. Esta iniciativa, conocida como ley «Jorge Pizano» en honor al ex controlador de la Ruta del Sol II, busca honrar la memoria de quien tras denunciar irregularidades y sobornos en contratos a cargo de la multinacional Odebrecht, falleció en extrañas circunstancias en noviembre de 2018.
El proyecto contempla un conjunto de normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección integral de los derechos de quienes denuncien actos de corrupción. Esto incluye la protección de su vida y libre desarrollo de la personalidad; así como sus derechos laborales, económicos, políticos y demás conexos.
En casos de extrema urgencia y cuando la vida del denunciante corra peligro, se podrán otorgar medidas provisionales de apoyo como la reubicación temporal. Adicionalmente, se contempla la entrega mensual de una suma de dinero al denunciante, la cual oscilará entre uno y tres salarios mínimos legales mensuales, dependiendo del tamaño del grupo familiar y con el fin de facilitar su reubicación en un lugar seguro.
Para evitar represalias posteriores a la denuncia, el Ministerio del Trabajo brindará medidas cautelares de protección a los denunciantes. Estas medidas incluyen la garantía de estabilidad laboral por un mínimo de seis meses con posibilidad de prórroga, la reubicación dentro de la misma entidad o empresa, el traslado a otra sede o ciudad; o la posibilidad de trabajar de forma remota.
Las personas que ejerzan la profesión del periodismo y los líderes sociales tendrán especial protección en su labor de investigación y divulgación de hechos de presunta corrupción. Por último, se crea el Sistema Unificado de Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), una instancia interinstitucional independiente encargada de coordinar, recomendar y decidir sobre la implementación y el seguimiento de los mecanismos de protección para los denunciantes.
