Corte Constitucional dictó sentencia crucial, ordenando la reapertura de una escuela rural en Pamplona
La Corte Constitucional instó al Gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Educación, a implementar medidas en términos de política pública con el fin de asegurar que los niños y adolescentes que provienen de familias rurales tengan acceso y puedan mantenerse en el sistema educativo.
Después de que la Corte Suprema analizara una solicitud de tutela presentada por la Personería de Pamplona contra la Secretaría de Educación de Norte de Santander, el municipio y el Ministerio de Educación, para pedir protección al derecho fundamental a la educación de los niños y adolescentes que viven en la vereda Sabaneta, ubicada en la parte alta de la ‘Ciudad Mitrada’.
La entidad de supervisión afirmó que, durante más de seis años, el único colegio rural al que asistían los alumnos de esta área tuvo que cerrar debido a la escasez de personal docente y administrativo. Esto ha llevado a que los niños tengan que viajar por más de una hora hasta otro sitio para asistir a clases.
“Los niños, niñas y adolescentes estudian en la Institución Educativa Rural San Miguel, ubicada en la vereda Sabaneta, parte baja, lo que implica que deben recorrer largas distancias por caminos construidos entre la maleza y carreteras de tránsito constante para poder llegar a la institución educativa. Razón por la que los estudiantes enfrentan riesgos provenientes del mal estado del camino, pendientes o animales salvajes que habitan la zona, arriesgando su integridad física” dijo la Personería para evidenciar ante las autoridades que se están vulnerando los derechos educativos.
Tiempo después, la Corte Constitucional concluyó que los niños y adolescentes están expuestos a un riesgo inminente al recorrer rutas que totalizan cerca de tres horas (entre ida y vuelta) por un camino sin pavimentar, y además, están expuestos a las adversidades climáticas.
La Corte instruyó al departamento para que, dentro de un plazo máximo de un mes, evalúe la viabilidad de reabrir ese establecimiento educativo durante el año fiscal 2024. La Sala destacó que, si tanto las autoridades como la comunidad están de acuerdo en reactivar la escuela como parte de la garantía de los derechos de los niños y adolescentes, esta decisión no debe depender de un número específico de docentes, por lo que se deben llevar a cabo las labores de mantenimiento en las instalaciones.
