Desafíos de la Población Migrante Venezolana en Colombia: Un Ecosistema de Vulnerabilidad
Un reciente informe del Servicio Jesuita de Refugiados Colombia (JRS/COL) revela las dificultades que enfrenta la población migrante venezolana en el país, a pesar de los avances logrados con el Estatuto Temporal de Protección (ETPV). El análisis de la situación de miles de migrantes subraya que, si bien se han alcanzado progresos en áreas clave como salud, educación y empleo formal, las brechas y la discriminación continúan afectando gravemente su bienestar y acceso a derechos fundamentales.
A pesar de la regularización de alrededor de dos millones de migrantes desde la creación del ETPV en 2021, “el 51% de los migrantes tienen dificultades para conseguir empleo formal”, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y afecta el acceso a servicios de salud y educación. Estas dificultades son especialmente marcadas en mujeres, quienes enfrentan cargas adicionales debido a las responsabilidades de cuidado, lo que limita su participación en la fuerza laboral y su acceso a otros servicios esenciales.
El informe, titulado “Fronteras de Papel: el alcance del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos para el acceso a derechos”, aplicado a personas venezolanas que actualmente viven en Norte de Santander, Santander, Risaralda, Bolívar, Tolima, Cundinamarca y Nariño, documenta que el acceso a la educación, aunque con mayores avances, sigue siendo complicado debido a las barreras legales, la exigencia de documentos y las dificultades económicas. Además, se destaca que, a pesar de las normativas que permiten la bancarización y el acceso a créditos con el Permiso por Protección Temporal (PPT), el 37% de los migrantes no pueden acceder a estos servicios debido a la falta de reconocimiento de este documento por parte de entidades financieras y comerciales.
El informe también resalta la “feminización de la migración”, evidenciada por el hecho de que las mujeres migrantes, especialmente aquellas entre 21 y 45 años, son las más afectadas por estas barreras. En este contexto, el director del JRS Colombia, el padre Juan Enrique Casas, señaló que: “la falta de cobertura y el desconocimiento de los derechos de los migrantes, agravan las dificultades que enfrentan principalmente las mujeres que asumen responsabilidades de cuidado”.
A pesar de estos desafíos, la JRS Colombia insiste en la importancia de una respuesta coordinada y estructurada por parte del Estado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para garantizar los derechos de los migrantes. “Es fundamental que las autoridades colombianas, las organizaciones internacionales y la sociedad civil se unan para garantizar la protección de los derechos de los migrantes”, concluye el informe, destacando que la inclusión de esta población no solo es crucial para su bienestar, sino también para el desarrollo social y económico de Colombia.
