El mismo Gobierno, ante lo que ya era imposible, pidió el archivo del proyecto. Con 68 votos, la plenaria enterró la reforma política, un asunto que ya se daba por hecho. 

Con 68 votos a favor, la plenaria del Senado de la República aprobó al archivo de la ya moribunda reforma política y electoral, que se tramitaba en cumplimiento al punto 2 del acuerdo de paz. Desde hace varios días, ante la falta de mayorías y los cambios sensibles que había sufrido el texto durante su trámite en el Congreso, ya se daba por hecho su hundimiento.

Incluso su archivo era solicitado desde sectores a favor del acuerdo de paz y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). También lo solicitó la Misión de Observación Electoral (MOE), organismo que había participado de la Misión Especial Electoral (MEE) que redactó las recomendaciones para su construcción.

La muerte anunciada de la reforma política ocurrió, además, en medio de un escenario confuso en la plenaria del Senado. Cuando el senador ponente Roy Barreras intentaba convencer a los senadores presentes sobre el texto que, finalmente, había sido concertado –muy diferente al que había salido de la Comisión Primera de esa corporación-, Guillermo Rivera, ministro del Interior, pidió que se hundiera el proyecto y que las fuerzas se concentraran en la votación de la conciliación del proyecto que crea las 16 circunscripciones especiales de paz.

go here “No nos sentimos satisfechos con cumplir con un requisito para hacer una especie de ‘check list’ de un proyecto más en el marco de la implementación. Para el Gobierno, un proyecto que pervierta la política con el transfuguismo, que no garantice una autoridad electoral realmente independiente es absolutamente inaceptable”, dijo Rivera. En efecto, la reforma política se había quedado sólo en promesas, pues no contenía los mínimos que habían sido recomendados por la Misión Especial Electoral (MEE).

source site El Consejo Nacional Electoral (CNE) iba a quedar más político que nunca, con magistrados elegidos por los partidos que integraban el Congreso y no iba a contar con las herramientas para hacer un control efectivo a la financiación de las campañas políticas.