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Tras más de dos meses de paro y 14 veces sentados en una mesa de negociación, los estudiantes universitarios y el Gobierno Nacional acordaron que durante los cuatro años de mandato del presidente Duque se aumentará el presupuesto de la educación superior pública en $4,5 billones. De estos recursos, $1,34 billones de pesos serán destinados a la base de las Instituciones de Educación Superior públicas.  

El jefe de Estado aseguró que “durante estos cuatro años la base presupuestal y la inversión de las universidades se verán fortalecidas en busca de que los estudiantes tengan oportunidades. Lo que se ha logrado hoy es producto del diálogo entre el Gobierno y los estudiantes, quienes han reclamado deudas históricas y nosotros los reconocimos dándole a la educación el presupuesto más alto”.

De esta forma, el acuerdo detalla que los recursos que aumentarán la base presupuestal, ligados con el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), comenzarán a aumentar durante los próximos años así: a partir de 2019 se hará un aumento del IPC + 3,5 %; para el 2020, IPC + 4 %; para el 2021, IPC + 4,5 %, y para 2022, IPC + 4,65 %.

Finalmente, el presupuesto de la educación se establece en 41,4 billones. De estos, 37, 2 serán para funcionamiento y 4,2 para inversión.

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El Grupo Aval a través de sus abogados en Estados Unidos, dio a conocer que cooperará con las investigaciones en el caso de Odebrecht, así como ha hecho con otras entidades gubernamentales que también están en el caso. 

Aseguraron que el “Grupo Aval toma muy en serio esta y cualquier otra investigación gubernamental que pueda surgir”.

La nueva medida del ente se dio luego de una petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el comunicado el grupo financiero termina con el compromiso de que si llegaran a “existir avances que revistan materialidad relacionados con Ruta del Sol 2, Grupo Aval los informará en sus reportes trimestrales de resultados”.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el mes de septiembre formuló pliego de cargos contra Corficolombiana, Grupo Aval, Episol, Odebrecht y algunas personas vinculadas a las compañías previamente mencionadas por supuestamente haber incurrido en diferentes prácticas anticompetitivas relacionadas con el proyecto de la Ruta del Sol Tramo dos.

Estas investigación llevaron a cabo un proceso de 20 meses en los que la SIC investigó y analizó la información, declaraciones y los documentos tanto físicos como, correos electrónicos que se encontraron en los computadores de empresas como Odebrecht, Corficolombiana, Episol y el concesionario Ruta del Sol.

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El Ministerio de Trabajo de Colombia les recordó a los empleadores y particulares que contraten los servicios de colaboradores domésticos que antes del 20 de diciembre deberá pagarles la prima de servicios, la cual equivale a la mitad del salario mensual. Calculando que en el país hay unos 660.000 empleados en este sector.

Alicia Arango Olmos, jefe de la cartera laboral, afirmó que “Colombia cuenta con aproximadamente 22,3 millones de ocupados, de los cuales 3% corresponden a trabajadores del servicio domésticos que, según corte de enero a septiembre de este año, corresponde a 660.000 trabajadores”.

El omitir esta obligación con un trabajador doméstico, implica sanciones a los empleadores, específicamente la multa es de un día de salario por cada día de mora. Esta verificación es realizada por los inspectores de trabajo de la entidad.

El pago de este beneficio está consignado en la ley 1788 de 2016, donde se especifica que la prima corresponde a 30 días de salario por año, el cual debe reconocer en dos pagos: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente si el tiempo laborado es menor.

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Según el representante de la Cámara del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, y el representante del Centro Democrático, Juan Pablo Celis, con la nacionalización de los vehículos venezolanos se solucionaría el tema de internación a nivel departamental, ya que esta acción permitiría beneficios para los propietarios, pues sus autos ganarían valor, a la vez que se generarían tributos a favor de las rentas locales y departamentales.

El Gobierno Nacional aún no ha oficializado esta nuevo planteamiento, por lo que actualmente en el Consejo de Estado hace curso una demanda contra el Decreto 2229, interpuesta por el exsecretario de Hacienda, Martín Martínez. En esta se advierte de una serie de inconsistencias en contra de los propietarios de carros y motos venezolanos.

Esta sería una nueva propuesta para darle solución a las casi 80.000 familias afectadas con el Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017.

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El Gobierno radicó el pasado 31 de octubre un proyecto de Ley de Financiamiento para recaudar el próximo año 14 billones de pesos que le hacen falta en el presupuesto de 2019. El proyecto ha tenido varios traspiés y muchos cambios durante su debate en el Congreso.

Hace pocos días en esta ponencia se eliminó la propuesta de extensión del IVA al 80% a los productos de la canasta familiar; por ahora, busca 7,5 billones de pesos.

Entre los aspectos más destacados de lo aprobado últimamente, según el Gobierno, están el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas, es decir que ya no se cobrará el gravamen únicamente durante la producción sino también en la cadena de distribución.

De esta manera, se aumentaría el precio de la bebida entre un 10 y 15 %, al mismo tiempo que el consumo se reduciría en 10 %, lo que desde la perspectiva de Fernando Araújo, uno de los ponentes, “se corrigen asimetrías y equilibran cargas, pues solo dos o tres productos no tenían este gravamen”. Para el Estado, el ajuste en cervezas y gaseosas generaría cerca de 960.000 millones de pesos. 

Una de las nuevas polémicas es la votación del martes que aprobó bajar de 3.500 a 3.000 el valor de las unidades de valor tributario (UVT), a partir del cual los independientes y contratistas son responsables del IVA del 19 %.