Fotos: Centro de Comunicaciones Diócesis de Cúcuta

Este miércoles 5 de diciembre, en horas de la mañana se llevó a cabo frente a la Alcaldía de San José de Cúcuta, en el parque Santander, un plantón en contra del nuevo impuesto de seguridad y convivencia que sería cobrado en el recibo de la luz, con el fin de fortalecer la vigilancia y seguridad en los barrios, con soportes de nuevas cámaras, pie de fuerza de la policía, entre otras.

El encuentro fue convocado por redes sociales, organizado por entidades obreras como Sintragasolina y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Norte de Santander (Sinvanors), así como algunas orientaciones políticas, entre ellas, el Movimiento Alternativo Indígena y Sociales (Mais) y Colombia Humana.

Yolanda Olarte, defensora de los Derechos Humanos y vocera del sector de los trabajadores informales de Cúcuta, habló con el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta y se refirió a esta manifestación como una protesta en contra de las nuevas decisiones del Concejo y la alcaldía del municipio sin consultar a la ciudadanía, ya que afecta de forma directa el bolsillo de todos los habitantes de la capital norte santandereana que trabajan día a día para el sustento de sus familias y no les alcanza para pagar un impuesto más, “no queremos más tributos, porque los cucuteños no aguantamos más”.  Afirmó Olarte.

Dentro del aglomerado de personas, se encontraba Ramón Francisco Soler, presidente del sindicato de trabajadores y empleados universitarios de Cúcuta, Colombia, quien afirmó que “la administración municipal dejó de tratarnos como constituyentes primarios; si bien es cierto que la ciudad necesita seguridad, es obligación y deber del Estado brindarnos esa seguridad, no trasladarla a las comunidades y más aún a la ciudad de Cúcuta donde las tasas de desempleo y la economía informal y la ley del rebusque obligan a la gente a buscar todos los días su salario o sus recursos para poder satisfacer la canasta básica”.

El objetivo del recaudo, según el alcalde César Rojas y demás representantes, es crear una alianza público-privada para presuntamente concesionar por años la destinación de los recursos que se prevé recaudar, estimados entre 400 a 500 millones de pesos mensuales, es decir, 4.800 a 5 mil millones de pesos anuales.