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La Procuraduría General de la Nación anunció que la Administración Municipal de Cúcuta, incumplió el Convenio de Integración de Servicios número 424, del 1 de noviembre de 2017, suscrito entre la Secretaría de Gobierno de Cúcuta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El compromiso establece que el municipio debe destinar 100 millones de pesos para ser distribuidos en compra de herramientas comunicación y oficina, así como de pagos a funcionarios.

La investigación inicialmente está dirigida hacía el  alcalde de Cúcuta, César Rojas; la jefe de la Oficina Asesora y Jurídica, Liris Marina Peña; el secretario de Gobierno, Oscar Gerardino; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco.

Los 100 millones deberían ser distribuidos así: $45’000.000 para compra de radios de comunicación; $25’000.000 para compra de aires acondicionados; $30’000.000 para el pago de sobresueldos a los funcionarios del INPEC.

Carlos Arturo Ramos, secretario jurídico del Sindicato de Empleados Unidos, afirmó que son 400 trabajadores los que se están viendo afectados por el incumplimiento del pago de los sobresueldos.

El procurador Regional de Norte de Santander, Edgar Fandiño Prieto, especificó en el auto de indagación preliminar del 6 de agosto, que se verificará la ocurrencia de la conducta, determinará si es constitutiva de falta disciplinaria o si se está actuando al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.