El presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para combatir con mayor efectividad la comisión de homicidios de líderes sociales, que contempla reforzamiento de las alertas tempranas y la presencia de más de 60.000 miembros de la Fuerza Pública en los territorios de más alto riesgo. 

En desarrollo de la sesión del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el mandatario informó que durante las últimas horas firmó el decreto 2124 para reforzar el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida. 

De acuerdo con la normativa, dicho sistema tendrá dos componentes: “uno de alerta temprana en la Defensoría del Pueblo, desarrollado de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales; y otro de respuesta y reacción rápida en el Gobierno Nacional, con la participación de las entidades territoriales, coordinado por el Ministerio del Interior”. 

Igualmente, se precisa que la alerta temprana es un documento de advertencia emitido de forma autónoma por la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional para respuesta estatal. 

La respuesta rápida es “la adopción de las medidas preventivas y de reacción rápida por parte del Gobierno Nacional, de acuerdo con sus competencias ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo”. 

El decreto indica que entre los objetivos específicos del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida están: “Monitorear riesgos para la prevención de violaciones de los derechos de Ia vida, la integridad, libertad y seguridad personal, e infracciones al derecho internacional humanitario, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales, incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en nivel nacional y territorial”. 

También la norma señala que el componente de respuesta rápida a las alertas tempranas se articulará a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. 

“La Ciprat tiene como funciones coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten, de manera urgente, las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas”, ordena la normativa.

También, dicha instancia solicitará a las entidades las informaciones necesarias sobre las situaciones de riesgo alertadas.