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Los combates entre el Eln y el Epl se extendieron hasta varias veredas de Hacarí, zona del Catatumbo, Norte de Santander, dejando al menos 1.000 personas desplazadas y 500 niños desescolarizados.

El fin de semana pasado, cientos de familias fueron obligadas a huir del corregimiento de Mesitas, debido al alto peligro que corre sus vidas ante la presencia de enfrentamiento en la zona, según lo anunció el alcalde de la población, Milciades Pinzón.

Durante el puente festivo en Hacarí, se presentó una de los mayores desplazamientos, habitantes abandonaban sus tierras para partir a un futuro incierto, huyen del  miedo de caer en medio de los combates entre el Eln y el Epl, dejando a un lado sus casas y enceres. La mayoría de personas provenían del corregimiento Mesitas, las veredas La Esperanza, Castrillón y Las Juntas.

Este es el séptimo municipio del Catatumbo en el que el enfrentamiento entre ambas fuerzas ilegales causa desplazamiento forzado desde el 5 marzo pasado, cuando la guerrilla del Eln le declaró abiertamente la guerra al Epl, una disidencia de la organización que bajo el mismo nombre dejó las armas a principios de la década de los 90.

El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizales, explicó que “el enfrentamiento entre esos dos grupos, que antes de febrero eran amigos, se han ido corriendo: los primeros fueron en El Tarra, Teorama; luego en Convención, San Calixto y ahora en Hacarí. Pareciera como si el Eln fuera desplazando al Epl de esos territorios, porque Hacarí ha sido de presencia histórica del Epl. Desde la década de los 80 es un bastión de esa organización”.

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La alcaldesa del municipio de Chinácota, Nubia Romero, informó que luego de una inspección por parte de los entes gubernamentales, entre los que se encontraban funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Invima y el Instituto Departamental de Salud (IDS), dieron con el cierre  de 70 establecimientos de expendio de carne.

Según las autoridades, la carne encontrada en los puntos de venta y establecimientos era de contrabando, incumpliendo con las normas de sanidad requeridas y haciendo caso omiso a la ley; la alcaldesa del municipio afirmó que “los animales no eran de contrabando porque tenían las huellas del matadero de Bochalema”, solo que los animales del municipio estaban siendo sacrificados en la planta de beneficio de Bochalema, y todo era una equivocación.

En defensa de lo ocurrido, la alcaldesa de Bochalema, María Inmaculada Parada Bermón, manifestó que durante una reunión en semanas pasados, anunció que su planta de beneficio podía abastecer a Durania, Pamplonita y Chinácota, pero que necesitan más de 400 millones de pesos para cumplir con los requerimientos técnicos y de salubridad del Invima y tener la aprobación para llevar los animales a sus instalaciones, el cual, hasta la fecha, no fue otorgado.

El cierre temporal de los locales, han dejado a más de 300 personas sin trabajo, por lo que han anunciado cerrar la vía que comunica con la Don Juana, en respuesta al rechazo de las medidas tomadas; para salvaguardar la situación, Romero, se reunió con el Gobernador de Norte de Santander para buscar soluciones.

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La Fundación Ayuda en Acción Colombia, se sumará a los esfuerzos del Gobierno Nacional y organizaciones internacionales por ayudar en la  atención humanitaria a migrantes venezolanos y colombianos retornados en situación de extrema vulnerabilidad, que cruzan la frontera a diario.

La acción estará financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos y será acompañada por  la Corporación Scalabrini, como socio local en el territorio.

Esneyder Cortes, miembro de la Fundación Ayuda en Acción Colombia expresó: “ante esta grave crisis y poniendo al servicio nuestra experiencia en situaciones similares en África y Centroamérica, Ayuda en Acción decide apoyar las necesidades humanitarias de la población migrante proveniente de Venezuela, con plena articulación con las acciones que se vienen desarrollando en el marco del Equipo Local de Coordinación que se estableció en Cúcuta para este efecto y en línea con las políticas del Gobierno Nacional de Colombia”.

Durante seis meses, iniciando a finales de 2018, se establecerán dos puntos de orientación en el  paso fronterizo de Villa del Rosario de Cúcuta, con el fin de orientar  a 160.000 personas sobre la ruta de atención y legislación que existe en Colombia para el tratamiento de la población migrante que ingresa de Venezuela, así como informarles de las situaciones que pueden poner en riesgo su seguridad y la de menores de edad principalmente.

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Según lo anunciado por el secretario de gobierno y convivencia ciudadana, Jimmy Cárdenas Daza, “el Cementerio Central de Cúcuta está llegando a su tope máximo, pues no hay espacios para prestar el servicio”. Llegó al 100% de su capacidad, una de las causas, es el alto flujo de venezolanos que a diario llegan a la ciudad y su área metropolitana, buscando tratamientos y medicamentos que escasean en Venezuela, sin embargo ante la gravedad de sus dolencias se produce su deceso en los hospitales de la región.

Ante las dificultades de trasladar los cuerpos nuevamente a su país natal, son enterrados en el Cementerio Central, por el bajo costo del sepelio. Este recinto está en funcionamiento desde 1980, manteniendo  su compromiso en la prestación del servicio por las muertes que acontecen dentro de Norte de Santander. Es utilizado mayormente por las personas de más bajos recursos, gracias a su función pública dentro del departamento.

Según Cárdenas se hace urgente viabilizar una propuesta concreta para ampliar el terreno con tres predios más, un equivalente a 300 metros cuadrados, esto se haría a través de la alcaldía de Cúcuta, quién es la que autoriza los recursos municipales, luego del estudio del caso.

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Luego de presentar un proyecto para la elaboración de nuevos parqueaderos públicos dentro de la ciudad, la alcaldía de Cúcuta ha manifestado que el tiempo mínimo que se podrá comprar para estacionar en las nuevas zonas azules será de 30 minutos, con un costo de 1.800 pesos.

Las  zonas de estacionamiento reguladas (zer),  serán operadas y administradas por el Consorcio servicios de tránsito y movilidad de Cúcuta, según el contrato de concesión, quien quiera estacionar, deberá comprar tiempo por anticipado, con una tarifa de 60 pesos el minuto por carro particular y para motocicletas sería de 600 pesos por la media hora, con estos precios se logra ser óptima para que tanto el consorcio como el municipio obtengan ingresos por la operación.

Estos espacios se hará progresivamente, abriendo 100 puestos cada mes, entonces se dispondrá de 80 cobradores, que tendrán asignadas 15 celdas cada uno, que se encargarán de hacer las transacciones de ventas de los minutos.

La Secretaría de Tránsito había señalado que de aprobarse la implementación de las zonas azules en la ciudad, iba a tratar de vincular a esta labor a personas con discapacidad, para la reincorporación de las mismas al campo laboral.